Aumenta la tensión con respecto al proyecto de La Zerrichera

La polémica en torno al asunto de La Zerrichera continúa centrando el interés informativo, tanto local como regional. Sobre este particular, este fin de semana se hacía público que la Comisión Europea ha decidido dar curso a la queja presentada por ANSE y ha solicitado, a través del Gobierno español, explicaciones al Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel.

Este expediente abierto, remitido por el director general de Medio Ambiente de la Unión Europea, M.P. Carl, fue enviado al representante permanente de España ante la CE el pasado 29 de noviembre, según publicó el pasado fin de semana el diario regional La Verdad, y este fue el encargado de remitirlo finalmente a la secretaria de Acción Exterior de la Comunidad Autónoma, María Dolores Alarcón.

En este sentido, cabe comentar que la documentación requerida fue enviada en el día de ayer por el consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader; al respecto, desde el Grupo Popular le han querido restar importancia a la petición de la Unión europea, tal y como ha apuntado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Juan Carlos Ruiz, en una declaraciones vertidas por el Diario La Verdad: «la Unión Europea ha solicitado información sobre el proyecto de la Zerrichera, al igual que sucede con otros muchos asuntos».

Además, dentro de las peticiones realizadas por la Comisión Europea, la Comunidad tendrá que explicar por qué el Grupo Hispania, promotor del proyecto, eligió ese paraje para ubicar el proyecto Águilas Golf.

Por otro lado, cabe destacar que ayer la portavoz del PSOE, Teresa Rosique, acusó al Partido Popular de haber ocultado esta información. Una acusación a la que el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Juan Carlos Ruiz, ha respondido señalando que “ el fiscal está recabando información a miembros del PP como citados y no como imputados para esclarecer las falsas acusaciones realizadas por miembros del PSOE”.

En otro orden de cosas, el diario La Verdad informa hoy de que “al menos seis funcionarios se opusieron a la recalificación de La Zerrichera antes de ser aprobada”, algo que, según este mismo diario, podría ser constitutivo de “delito de prevaricación si confirma que en la Consejería de Medio Ambiente, dirigida por Marqués, se tomaron decisiones favorables a la urbanización en contra de las advertencias de los funcionarios”, apunta el diario regional.

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