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Condenan a los empresarios responsables del parking ‘El Placetón’ de Águilas a pagar 30.000 euros

Por Roberto FuentesLos juzgados de lo mercantil de Murcia han estimado que la demanda interpuesta por la firma Meoro Avilés Abogados, alegando la responsabilidad personal de los empresarios por el cierre de la sociedad
Tras largos años de lucha, algunos de los compradores de los frustrados aparcamientos de la Plaza del Doctor Fortún, conocida como “El Placetón”, de Águilas han visto resarcida su fallida inversión y lo han hecho con una sentencia que confirma un cambio de línea en la jurisprudencia española.

La justicia ha fallado contra los administradores de la promotora que incumplió la concesión pública a indemnizar en más de 30.000€ a los demandantes, aplicando para ello la responsabilidad imputable al empresario que tendrá que responder con sus propios bienes personales de las deudas de la sociedad por proceder a su cierre con la falta de diligencia exigida a todo buen empresario.

Así, Meoro Avilés Abogados ha conseguido recuperar las cantidades entregadas por los vecinos de Águilas para la construcción de un aparcamiento privado que jamás se llegó a construir.

Para el letrado titular de la firma Carlos Meoro Avilés “La línea jurisprudencial más reciente de nuestra región apuesta por la protección de los acreedores y del levantamiento del velo de la responsabilidad personal del empresario en el ya habitual supuesto del llamado “persianazo” o cierre de hecho. En tal sentido nuestros Juzgados mercantiles han rechazado la constante oposición de los administradores de derecho basada en que (solamente) ostentaban un cargo formal y que nunca lo han ejercido de hecho, y aprecia una causa de negligencia grave precisamente derivada de esa pasividad por el incumplimiento de las obligaciones mercantiles, administrativas y contables inherentes a sus cargos.”

Según Meoro Avilés, ha bastado para la imputación con la acreditación del nexo de causalidad, que ha permitido aceptar al Tribunal que, si la disolución se hubiese realizado ordenadamente y conforme a la legislación vigente, el acreedor hubiera podido cobrar en todo o en parte su deuda. De ésta forma, los juzgados de lo mercantil de Murcia han seguido la línea marcada por el Tribunal Supremo para aquellos que se han visto desamparados en el cobro de sus créditos frente a empresas insolventes.

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