Aislamientos Lorca

El Partido Popular de Puerto Lumbreras llevará a pleno una moción para instar los Gobiernos regional y central a cumplir las reivindicaciones del tejido empresarial y comercial del municipio para paliar los efectos de la crisis por el COVID-19

Foto de la noticia: Diego DC

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras llevará a pleno extraordinario que se celebrará este miércoles una moción para instar a los Gobiernos regional y central a llevar a cabo las solicitudes y reivindicaciones del tejido empresarial y comercial del municipio, ante las consecuencias negativas de la crisis por la alerta sanitaria del COVID-19. Desde el equipo de Gobierno del Partido Popular señalan que “presentamos propuestas serias, con una gran aportación presupuestaria municipal y demostrando responsabilidad y sentido común, ya que esta es una crisis de la que tenemos que salir todos juntos. Por ello vamos a solicitar ayuda tanto al Gobierno regional como al de la nación, sin distinción de color político”. Por el contrario, lamentamos la actitud inmadura e irresponsable con los lumbrerenses del PSOE de Puerto Lumbreras, que sólo llevará al próximo pleno ordinario solicitudes al Gobierno regional, pero no demanda nada al Ejecutivo central que es el principal responsable de atajar esta crisis sanitaria y económica, y quien dispone de más recursos”.
En primer lugar, el grupo municipal popular solicita al Gobierno Regional un plan de empleo protegido para la contratación de personas vulnerables en riegos de exclusión social, así como la Exención o bonificación del pago del canon de Saneamiento, impuesto propio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, destinado a cubrir los gastos de operación y mantenimiento de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración, a las empresas y establecimientos comerciales de Puerto Lumbreras que se han visto afectados por el estado de alarma.
También se solicita al Gobierno de la Nación y al de la Región de Murcia, como medida para paliar el desempleo, la elaboración de un Plan Especial de Empleo Público Local, cofinanciado por las tres Administraciones: Nacional, Regional y Local.
En cuanto a las medidas que se piden en concreto al Gobierno central, están la modificación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a las Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos, y que hasta que dicha modificación de la normativa sea aprobada en el Parlamento, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Financiación Autonómica y Local comuniquen a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales la suspensión de las normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y en concreto, de la regla de gasto, para que puedan abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia.
También se va a solicitar al Gobierno de España que permita superar los límites de la masa salarial, al amparo de lo anterior, para la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales gestionados directamente por las Entidades Locales, principalmente permitir que se autorice la contratación con carácter temporal y excepcional, de personal de limpieza y desinfección (en todos sus ámbitos), de trabajadores sociales, auxiliares de ayuda a domicilio y demás personal necesario para atender directamente a la población de riesgo y vulnerable.
Además, se demanda la reducción del IVA del 21% al 10% para el sector de la peluquería, y la aprobación de bonificaciones extraordinarias en el IBI e IAE que puedan beneficiar a todos los lumbrerenses y en especial al tejido Empresarial de Puerto Lumbreras, y compense al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras por este reducción en la recaudación municipal vía subvención directa o compensación en la participación de los tributos estatales.
Otra de las peticiones es la exención del IVA a las facturas que se produzcan como consecuencia de actuaciones relacionadas con medidas para hacer frente a la crisis del COVID-19, y que el Gobierno central reembolse de forma inmediata al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en la Participación en los Tributos del Estado, la parte correspondiente al IVA de 2017 que fue retenida, así como que flexibilice los préstamos que los Ayuntamientos se vieron obligados a firmar en 2012 y 2013 para hacer frente al Plan de Pago a Proveedores, y que fueron unificados en una sola operación en 2019, mediante una ampliación de 10 años del periodo de amortización.
Por otra parte, se solicita al Ministerio de Transición Ecológica que la Mancomunidad de Canales del Taibilla no cobre los consumos de agua a las empresas del municipio que han tenido que cerrar su negocio, a las que han realizado un ERTE de al menos el 75% de sus trabajadores, así como a los trabajadores que se han visto afectados por ERTE con motivo de la crisis sanitaria COVID 19 y que así lo acrediten.
En cuanto a medidas de protección, se demanda la creación de un fondo de ayuda a las empresas, para la compra de EPIs y equipos de protección para los trabajadores, y un fondo de Ayuda para los Ayuntamientos para poder comprar equipos de protección para los trabajadores municipales, Cuerpos y fuerzas de Seguridad, así como para adaptar las instalaciones a las nuevas normas de atención al público de forma segura tanto para el trabajador como para el ciudadano, que este fondo se articule a través de la FEMP o de las Comunidades Autónomas. Y de esta forma, los entes municipales puedan liberar más recursos para ayudar a empresas, PYMES y autónomos.
Desde el equipo de Gobierno del Partido Popular también se reivindica que los Ayuntamientos formen parte efectiva en los programas estatales destinados a las Entidades Locales para la recuperación económica y social, incluidos los de medidas para contrarrestar la caída del turismo, flor ornamental y comercio, como sectores de los que más empleo generan en Puerto Lumbreras, y que sea el Congreso de los Diputados el que valide, mediante el correspondiente debate parlamentario, la aprobación de cualquier medida que pueda alterar la autonomía de los Ayuntamientos.

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