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La empresa de limpieza debería haber sido sancionada

El edil, Juan Pérez, siempre se ha mostrado complaciente con esta empresa

Carreras

Una vez ha quedado patente el incumplimiento del Pliego de Condiciones por parte de Necso Generala, la pregunta pasa por saber por qué el Ayuntamiento de Águilas no ha actuado ante una evidencia manifiesta.

Las infracciones por parte de esta empresa ya fueron denunciados por La Actualidad – en aquel entonces, Crónica de Águilas- en el año 2003 y, desde aquel día, lejos de mejorar la limpieza en Águilas, la misma ha empeorado, a pesar de las numerosas revisiones al alza que han aumentado de manera considerable el canon pagado por el Ayuntamiento, que en su día debía ser equiparable al IPC.
En este sentido, dicho pliego contempla un apartado bajo el título “Régimen sancionador”; en el mismo se especifican las causas por la que la empresa adjudicataria podría ser sancionada. Así, las faltas leves serían la “imperfección en los trabajos”, “el incumplimiento de órdenes de la corporación o de los Servicios Técnicos Municipales”, el “retraso en la prestación de servicios”, “la deficiencia de uniformidad en el personal (…)”, etc.
Como faltas graves, se estipulan entre otras muchas, “la imperfección reiterada en las prestación de los servicios”, “percibir el contratista o sus empleados cualquier renumeración (…) no contemplada en el pliego”, la inobservancia de las prescripciones sanitarias o el incumplimiento de las órdenes en situaciones insalubres”, “la comisión de al menos tres faltas leves”, “ el incumplimiento de algún punto del Pliego”…
Como faltas muy graves se estipulan acciones como la “no prestación de los servicios contratados dentro del plazo estipulado”, “el fraude en la forma de prestación de servicios, no utilizando los medios adecuados.
Por último, las sanciones por faltas, que se deberían haber aplicado en Águilas, van desde la sanción de hasta 600 euros para las faltas leves y de 3.000 a 6.000 euros para las graves, hasta la “pérdida de la fianza definitiva con obligación del contratista de constituir una nueva de importe, o resolución del contrato.
Por último, apuntar que el importe de dichas sanciones deberá ser ingresado por el contratista en el Ayuntamiento.
A fecha de hoy, y tras cuatro años de incumplimientos, la empresa no ha sido sancionada, dejando entrever una actitud incomprensible y complaciente por parte del edil de este área, Juan Pérez.

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