Aislamientos Lorca

IU Lorca denuncia el primer embargo a un matrimonio de ancianos afectado por los terremotos

La concejala de esta formación, Gloria Martín, explicó que el 16 de agosto del año 2016 prescribió el derecho de la Comunidad Autónoma a reclamar el reintegro de esta ayuda. Sin embargo, a pesar de los recursos, alegaciones e inspecciones, ayer, sin previo aviso, la Agencia Tributaria entró en la cuenta bancaria de la pareja, pensionistas de 75 y 70 años, y se cobró más de 3.700 euros

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado hoy que el Gobierno de la Región de Murcia ha ejecutado el primer embargo a una familia afectada por la problemática de la devolución de las ayudas por los terremotos de 2011 en Lorca.

Se trata de Juan y Ginesa, pensionistas de 75 y 70 años respectivamente, que concluyeron las obras de reparación de su vivienda el 15 de febrero de 2012, tal y como consta en las facturas que guardaron y remitieron a la Consejería de Fomento el pasado 1 de marzo de 2018, cuando les fueron requeridas.

Según lo establecido en la Ley de Subvenciones y en el Decreto 68/2011 por el que se regulan las ayudas para la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas por los seísmos en Lorca, el 16 de agosto del año 2016 prescribió el derecho de la Comunidad Autónoma a reclamar el reintegro de esta ayuda. Este matrimonio tenía seis meses para presentar las facturas y justificantes de pago desde que terminaron las obras. A partir de ese momento, comenzaban a computar los cuatro años de la prescripción. Por ello, desde hace más de dos, el Gobierno autonómico no tiene derecho a exigir absolutamente nada a estos afectados.

“De nada han servido las alegaciones y el recurso de reposición –sin resolver– que han planteado. Tampoco las gestiones que nos consta que se han hecho desde el equipo de Gobierno municipal cuando llegó la providencia de apremio, ni que un inspector haya corroborado que gastaron el dinero de la ayuda en arreglar su casa”, explicó Martín. “Ayer, Juan fue a hacer gestiones a su banco y se encontró con que la Agencia Tributaria de la Región de Murcia había ejecutado un embargo en su cuenta por importe de 3.721 euros”, informó la concejala de IU-Verdes.

Los afectados no han recibido aviso previo por parte de la Agencia Tributaria ni tampoco la notificación de la diligencia de embargo en la que deben ser informados de los mecanismos legales para impugnarlo. “Sencillamente, les han metido mano en sus ahorros y se han cobrado un dinero que la CARM ya no tiene derecho a reclamar”, dijo Martín.

La edil de IU-Verdes aseguró que los ánimos de los más de 400 integrantes de la Plataforma de afectados por la devolución de las ayudas “están por los suelos”. “Hay vecinos que no tienen nómina porque están en paro, ni dinero suficiente en sus cuentas bancarias, por lo que temen que el Gobierno autonómico del PP proceda a embargar sus casas”, explicó.
Gloria Martín también trasladó la indignación de los damnificados que ayer oyeron al presidente autonómico, Fernando López Miras (PP), restar importancia a su drama. “¿Cómo puede decir alegremente que son “pequeños expedientes sin resolver”, cuando se trata de más de un millar de familias lorquinas que están en un sinvivir?”, se preguntó. Al respecto, la edil de IU-Verdes calificó de “cobarde” la actitud de López Miras tras informar que “hoy no dará la cara” ante los afectados que se concentrarán en la inauguración de Feramur.

“Tenemos un presidente autonómico que está empanado: desconoce el número de familias afectadas, no sabe ni cuándo se va a reunir la Comisión Mixta y, además, en vez de escuchar las legítimas protestas de sus vecinos y representados, deja tirados a propios y a extraños y sale huyendo para no afrontar su responsabilidad”, aseveró Martín.

La concejala de Izquierda Unida-Verdes dijo que, “a pesar de la estampida de Fer”, la concentración “sigue en pie”. Los afectados aprovecharán la asistencia a la inauguración de la feria de artesanía de la presidenta de la Asamblea Regional, la socialista Rosa Peñalver, para hacerle llegar una carta en la que le piden que inste al Consejo Jurídico de la Región de Murcia a que se pronuncie sobre el cómputo de las prescripciones.

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