Murcia, segunda comunidad con más demora en la tramitación de los expedientes de dependencia

La Región supera por más del triple el plazo legal para resolver expedientes, con un promedio de 564 días de espera, según el Observatorio Estatal para la Dependencia

El tiempo de espera para obtener las ayudas a la dependencia ha aumentado en 44 días en lo que llevamos de año

Murcia se posiciona como la segunda comunidad autónoma con mayor tiempo de espera para la tramitación de expedientes de dependencia, con un promedio de 564 días, según el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia del primer semestre.

Esta cifra triplica el plazo legal de 180 días establecido para la resolución de estos procedimientos. Además, junto a Canarias y Cataluña, Murcia figura entre las tres regiones con mayor porcentaje de solicitantes en espera de algún trámite, alcanzando un preocupante 21,9%.

Durante los primeros seis meses de 2025, el tiempo medio de espera en Murcia ha aumentado en 44 días, marcando el mayor incremento registrado en todo el país. Este retroceso en la gestión de la dependencia contrasta con los avances logrados por otras comunidades autónomas que han conseguido reducir sus tiempos. La Región de Murcia enfrenta un serio desafío administrativo, que pone de manifiesto una sobrecarga estructural en su sistema de valoración y asignación de prestaciones.

El informe subraya el impacto humano detrás de estas cifras. Muchas personas mayores o con graves limitaciones funcionales fallecen sin haber recibido las prestaciones o servicios reconocidos por ley. Este fenómeno, denominado «tragedia silenciosa», afecta con especial gravedad a regiones como Murcia, donde los retrasos son alarmantes. La situación exige mejoras urgentes en el sistema autonómico.

El caso de Murcia se enmarca en una tendencia nacional de colapso progresivo en la atención a la dependencia. Factores como la disminución de la financiación estatal y la complejidad burocrática han deteriorado el sistema. Según organizaciones sociales, Murcia representa uno de los puntos más críticos de esta crisis, lo que ha llevado a exigir medidas urgentes para garantizar el derecho a una atención digna y efectiva.

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