IU pide al pleno de lorca que se implique en el cambio legal para alejar los salones de juego y apuestas de los centros educativos

Actualizado 22/01/26

IU fue quien impulsó y logró, en los últimos meses del pasado período corporativo, el cambio de la normativa urbanística del PGMO para intentar frenar la expansión de las casas y negocios de juegos y apuestas en Lorca, con el establecimiento de dos distancias limitadoras que se incluyeron en nuestro ordenamiento municipal.

La Sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia ha anulado esta reforma urbanística aprobada por nuestro Pleno en enero de 2023. Una reforma que incluía en nuestro planeamiento que esos locales de juegos no podían ubicarse en un radio inferior a 500 metros de las parcelas destinadas a usos de equipamiento escolar, deportivo, sociosanitario o cultural, ni de colegios, institutos, centros de salud y consultorios médicos, cualquiera que fuera su ubicación. Concretando además que la distancia no podía ser inferior a mil metros con respecto a otros establecimientos destinados al mismo fin, existentes ya, o cuya autorización estuviera en trámite.

La sentencia estima el recurso presentado por dos establecimientos de juego lorquinos contra la reforma puntual del PGMO, y aunque reconoce legitimidad al Ayuntamiento para regular esa materia, añade que la medida aprobada ha de ser anulada al no justificarse por qué se establecen unas distancias que son más restrictivas que las aprobadas por la Comunidad Autónoma, administración competente en materia de juegos y apuestas.

Esta mañana, en la misma puerta del “IES Ibáñez Martín”, frente al que se ubica uno de los salones de juego y apuestas más grandes de Lorca, lo explicaban el concejal de IU, Pedro Sosa y el diputado regional de la coalición, José Luis Álvarez-Castellanos, que venían acompañados de Juan Miguel Murcia Merlos, un abogado lorquino, activista contra esta lacra y autor del libro “Redención”, inspirado en su propia batalla contra la ludopatía, y que ha explicado algunas de las variadas claves -psicológicas, educativas, urbanísticas, legales, etc.- que “enganchan” y hacen adictos y enfermos a miles de personas. Así, se ha anunciado como complemento a las iniciativas políticas y legislativas el inicio de un ciclo de charlas por institutos y centros juveniles de Lorca y de la región que contaría con el letrado Murcia Merlos como ponente.

Para Sosa los datos de la Región de Murcia son los peores y más preocupantes de toda Europa, ya que nuestra región es la que sufre una mayor cantidad de negocios de apuestas por habitante de toda la Unión Europea. Desde la aprobación de la Ley del Juego y Apuestas de la Región de Murcia y de sus respectivos desarrollos normativos, el número de establecimientos de apuestas ha crecido en los pueblos y ciudades de la región de Murcia de forma continua y exponencial hasta situarnos como la comunidad autónoma con mayor “ratio” de salones de juego y casas de apuestas por número de habitantes. Con 364 salones de juego, nuestra región mantiene una ratio de un salón por cada 4.360 habitantes. Cuando a mucha distancia, Baleares y Canarias (segunda y tercera), tienen uno por cada 7.200 y 7.500 habitantes, respectivamente.

La práctica totalidad de comunidades autónomas, afirma Sosa en la moción que defenderá el próximo lunes, tienen establecido en sus respectivos ordenamientos jurídicos y con rango de Ley el requisito de una distancia mínima entre casas de apuestas y centros educativos para la concesión y la renovación de licencias.

El diputado regional de IU, Álvarez Castellanos, afirma que no tenemos esa suerte en la región de Murcia y por eso el TSJ ha podido tumbar la modificación lorquina del PGMO. Todos los gobiernos habidos en nuestra región las últimas décadas han renunciado a establecer en su normativa sobre el juego el criterio de la distancia mínima “tanto para la concesión inicial como para la renovación temporal de las licencias ya concedidas”, y ello a pesar de la responsabilidad que para ello la Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y Apuestas de la Región de Murcia, atribuye al Gobierno regional en la planificación del juego y las apuestas.

Álvarez-Castellanos sostiene que la clave de la cuestión está en las renovaciones de las licencias, ya que en la región de Murcia cuando hay una renovación se vuelven a tener en cuenta las condiciones iniciales existentes en el momento de su concesión, y no las nuevas condiciones derivadas de cambios normativos, de modo que, en la práctica, ninguna casa de apuesta viene obligada a cambiar su ubicación.

El Diputado de IU sostiene que los servicios jurídicos de la CARM advirtieron de la ilegalidad de este planteamiento por ser contrario el artículo 7.2 de la Ley regional del Juego y las Apuestas, que establece que las condiciones para la renovación de las licencias son las vigentes en dicho momento, siendo de aplicación, por tanto, la distancia a centros educativos si llegara a establecerse. De modo que, si finalmente eso ocurriera, las casas de apuestas abiertas junto a centros educativos tendrían los días contados, tal y como sucede en el resto de autonomías españolas. Pero, para no incomodar a la patronal del sector, afirma Álvarez Castellanos, el Gobierno regional decidió paralizar el asunto y dejarlo morir en un cajón.

Así, en consonancia con las iniciativas registradas para su debate en el Parlamento regional, el acuerdo que IU eleva al Pleno del Ayuntamiento de Lorca dice lo siguiente: “El Pleno del Ayuntamiento de Lorca, expresando su apoyo a las iniciativas parlamentarias registradas en la Asamblea Regional de Murcia relativas a la implantación legal de unas distancias efectivas entre los salones de juego y apuestas y los centros educativos y sociales juveniles, insta al Gobierno regional y a los distintos grupos parlamentarios que tienen atribuida la iniciativa legislativa en nuestra región, a emular las disposiciones legales que a ese respecto ya han introducido en sus ordenamientos distintas autonomía españolas, y a establecer en su ley regional, de conformidad con los dictámenes de los órganos consultivos y con los servicios jurídicos de la CARM, un alejamiento efectivo entre salones de juego (tanto para nuevas licencias, como para la renovación de las existentes) y centros de enseñanza”.