Desde el PP de Lorca destacan, que tras una iniciativa de su grupo, el Ayuntamiento ha solicitado a la CHS que suspenda la aplicación de las zonas de flujo preferente
El ayuntamiento de Lorca, a iniciativa del Partido Popular, ha solicitado formalmente a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que suspenda la aplicación de las restricciones en las Zonas de Flujo Preferente hasta que no le sea remitido el informe en defensa de los afectados por parte del ayuntamiento. Este documento ya debería estar redactándose, pero el gobierno local del PSOE lo mantiene parado.
El presidente del PP lorquino y portavoz en el ayuntamiento, Fulgencio Gil, ha reclamado que el ayuntamiento elabore este documento en menos de un mes, y ha recordado que tenía que haber sido encargado hace tres meses, por lo que ha exigido celeridad y participación vecinal para consensuarlo antes de enviarlo a la CHS.
Gil Jódar ha insistido en que parte de la solución a este problema es que la CHS permita a los vecinos afectados utilizar sus terrenos aplicando medidas correctoras, tal y como sucede en las zonas calificadas como inundables.
DESINFORMACIÓN A LOS AFECTADOS
Los vecinos afectados por la declaración de zonas de flujos preferente nos han traslado su indignación ante la total desinformación que sufren. No han recibido ni un solo aviso de que sus casas y terrenos habían sido clasificados así por parte del gobierno de España, y se están enterando ahora tanto del problema como de la magnitud de sus consecuencias. No terminan de creer lo que sucede.
Durante la batería de reuniones que el PP ha mantenido a lo largo de las últimas semanas, los damnificados de las pedanías de La Torrecilla, Campillo y Purias no entienden ni lo que está pasando ni el motivo que ha llevado tanto al actual gobierno local como a la CHS a guardar un absoluto silencio de este tema, que constituye la expropiación encubierta de aproximadamente 1.300 hectáreas en nuestro término municipal. Nadie comprende qué motivos han llevado a que el PSOE trate de imponer un mutismo que sólo conduce a que centenares de familias lorquinas salgan perdiendo de una forma particularmente injusta.
RECOGIDA DE FIRMAS
La conclusión de las sesiones informativas en estas pedanías es que muchos damnificados continúan aún a día de hoy sin saber qué es lo que pasa, y cuando se enteran, se enfrentan a una total indefensión. Ante este contexto, a finales de la semana pasada nos comunicaron que han decidido emprender una campaña de recogida de firmas, como primer paso para dar visibilidad a la situación que desde el gobierno central se está provocando en nuestro municipio.
El actual gobierno local está siendo cómplice de este irresponsable secretismo. El problema sólo ha trascendido cuando desde el Partido Popular hemos advertido de la situación e iniciamos una batería de sesiones informativas para que los lorquinos conocieran sus repercusiones.
SECRETISMO TEMERARIO
La dejadez del PSOE local contrasta con la actitud proactiva que sí han tenido los ayuntamientos de Murcia y Cartagena, por ejemplo, para defender a sus vecinos. Murcia solicitó hace cuatro meses ser declarado municipio de alta inundabilidad, lo que reducirá el problema, y la Universidad Politécnica de Cartagena ya está redactando un estudio para elaborar un mapa detallado de las zonas inundables y de flujo preferente en Cartagena.
El gobierno del PSOE en Lorca, sin embargo, se ha quedado parado, a pesar de que en noviembre del año pasado el Pleno del Ayuntamiento acordó a propuesta del PP que se elaborara un informe para defender a los cientos de familias afectadas.
RUINA FAMILIAR
La situación de los damnificados es de una total inseguridad. Nos han comunicado varios casos de familias que habían vendido sus hogares y entregado sus ahorros de toda una vida para adquirir un terreno en el que habitar, y ahora están afectados. Estas familias se encuentran con una tierra en la que no van a poder hacer nada, excepto seguir pagando la hipoteca y el IBI. Merecen una solución, esto no se puede quedar así.
AFECCIÓN A CONVENIOS URBANÍSTICOS
A medida que se sigue analizando el mapa de zonas de flujo preferente, se encuentran cada vez más afecciones, no sólo en pedanías, sino en el propio casco urbano. Hemos detectado que este problema interfiere también en al menos un convenio urbanístico de planeamiento incluido en el Plan General, en concreto en la zona del barrio de San Cristóbal, una circunstancia que ha sido ocultada por el gobierno de Mateos.
Estamos hablando precisamente del convenio al que el PSOE otorgó en 2005 el mayor nivel de edificación de todos los suscritos por el ayuntamiento, lo que da cuenta del nivel de inseguridad jurídica al que se enfrentan las personas que los firmaron tras calificarse ahora parte de estos terrenos como zona de flujo preferente. No es descartable que los promotores tanto de este convenio como los de otros casos, dirijan ahora reclamamos al ayuntamiento porque se les han cambiado las normas de juego a mitad de partido. La situación afecta también a un buen número de personas en Río, Cazalla, La Escucha y Puntas de Calnegre.