«Este año judicial ha sido positivo, destacando la nueva oficina en Málaga y poder mantener el mismo criterio con el que comenzamos»
Entrevista Eduardo Simó, socio director de Simó Abogados
Finalizado el año judicial nos sentamos con Eduardo Simó, socio director de Simó Abogados, despacho especializado en derecho penal con sede en Madrid, Málaga, Murcia y Águilas, para hacer balance de todo este curso.
¿Qué balance haces de la actuación de Simó Abogados tras el cierre del último año judicial?
Positivo, con matices. Hemos abierto oficina en Málaga, que ya lleva algunos meses de rodaje, y eso nos ha permitido estar más cerca de los clientes en el sur sin renunciar a la base en Madrid, Murcia y Águilas. Lo que más valoro no es tanto el volumen de expedientes, que también ha crecido, sino que hemos podido mantener el criterio con el que empezamos: la personalización, el trato cercano, la exclusividad. No queremos convertirnos en una fábrica de defensas genéricas. Siempre lo digo, mi teléfono está en todos sitios, de forma destacada en nuestra web y redes y contesto a todo el mundo en el mismo día.
Volviendo a tu pregunta, lo peor del año judicial son los grandes retrasos de los Juzgados que se han visto en aumento con la nueva organización de los mismos. Ya no son juzgados de instrucción, son tribunales de instancia divididos en distintas secciones. Una modificación que no ha sido dotada de medios ni mucho menos de personal. Desde el despacho solo podemos explicárselo a los clientes pero es algo que no podemos arreglar nosotros.
Lo peor del año judicial son los grandes retrasos de los Juzgados que se han visto en aumento con la nueva organización de los mismos
¿Cuáles han sido los casos de mayor relevancia iniciados o finalizados en el último año judicial?
No te puedo destacar de unos casos concretos. Te puedo hablar que ya hemos optado por una especialización dentro incluso del propio derecho penal. El 100% son casos penales pero ya estamos en un 80% de exclusividad en delitos relacionados con el crimen organizado (especialmente tráfico de drogas, blanqueo de capitales y el conocido como petaqueo), delitos de agresión sexual, delitos contra la vida especialmente homicidios y asesinatos y las extradiciones de ciudadanos extranjeros, por regla general que han cometido, presuntamente delitos fuera de España.
(…) ya estamos en un 80% de exclusividad en delitos relacionados con el crimen organizado (especialmente tráfico de drogas, blanqueo de capitales y el conocido como petaqueo), delitos de agresión sexual, delitos contra la vida especialmente homicidios y asesinatos y las extradiciones de ciudadanos extranjeros, por regla general que han cometido, presuntamente delitos fuera de España
Como comprenderás, todos los casos que ya tocamos tienen una gran relevancia. No obstante para mojarme un poco y si tuviera que elegir uno o dos, estoy muy contento con el archivo de un procedimiento por un presunto delito de prevaricación y falsedad documental donde defendimos a un jefe de Policía. No vimos delito y así se acreditó en fase de instrucción. Fue una investigación dura sobre todo para el cliente pero la verdad salió a la luz.
Otro, relacionado con un presunto tráfico de drogas cuya investigación policial era todo un despropósito. Ya no hablo de la conducta moral o inmoral, hablo de que todo procedimiento debe contar con unas garantías y todos, hasta el más malo, tiene una serie de derechos que tiene que ser respetados. Se acreditó la vulneración de derechos y fue absuelto.
¿Hay alguna tendencia creciente dentro de los casos en los que trabajáis?
Sí, y no me importa entrar en el jardín. Diría que hay tres frentes que han crecido con fuerza. El primero es el tráfico de drogas, donde vemos formas de operar cada vez más sofisticadas para camuflar la actividad, y eso obliga a un trabajo de defensa mucho más técnico que hace unos años, sobre todo en todo lo relacionado con la licitud de las entradas, los registros y las intervenciones telefónicas.
El segundo, las defensas de delitos sexuales en las que el hombre resulta ser realmente inocente. Hemos llevado más de un caso en el que, tras el juicio, el tribunal ha terminado dictando la absolución porque el relato de la acusación no se sostenía con la prueba practicada. Es un tipo de asunto que exige mucha prudencia al hablar de él en público, porque nunca hay que perder de vista a la víctima real cuando la hay, pero también hay que decir alto y claro que la presunción de inocencia no es un eslogan: cuando la instrucción se hace bien y se defiende a fondo, a veces el resultado es la absolución, y eso también es justicia.
El tercero son las extradiciones. Hemos conseguido paralizar varias, y son de los expedientes más difíciles que llevamos, porque se juegan en la frontera entre la cooperación judicial internacional y las garantías del investigado, con muy poco margen para el error dentro de una ley que deja poco recorrido a la defensa.
¿Qué casos de especial interés quedan pendientes de resolución, presumiblemente, para el próximo año?
Uno de ellos y de especial relevancia es el de Felipe Hernández, el hombre que falleció tras una agresión de sus hijos en Molina de Segura y en el que el despacho ejerce la acusación particular en representación de la familia. Es un asunto que sigue abierto, con el debate pendiente sobre el nexo causal entre la agresión y el fallecimiento, y en el que se ha solicitado que se dirima ante un Tribunal del Jurado. Sigo firme en mi convicción de que se reúnen los requisitos para enjuiciarlo por un homicidio por dolo eventual.
¿Qué perspectivas tienes de cara al próximo año judicial? ¿Qué retos afronta tu despacho?
El reto interno es consolidar Málaga como oficina plena, no solo como punto de atención, y seguir manteniendo el mismo nivel de exigencia en Madrid, Murcia y Águilas, dando además cobertura a nivel nacional en los casos complicados que lo requieran, estemos donde estemos físicamente.
El reto externo, el que no depende de nosotros, es la saturación de las nuevas secciones de instrucción, que sigue marcando los tiempos de todo el procedimiento penal más que ninguna otra cosa. Y luego está lo que os comentaba antes: la prueba digital va a seguir ganando peso, y eso exige al despacho una actualización constante que hace diez años no hacía falta.
El reto interno es consolidar Málaga como oficina plena, no solo como punto de atención, y seguir manteniendo el mismo nivel de exigencia en Madrid, Murcia y Águilas, dando además cobertura a nivel nacional en los casos complicados que lo requieran, estemos donde estemos físicamente.
Creo que es obligatorio preguntarte, ¿por qué Málaga?
Como he señalado anteriormente cada vez estamos trabajando en más asuntos relacionados con el crimen organizado y en la zona de Marbella, Málaga y distintas localidades de Cádiz suelen aglutinar muchos de estos asuntos. Estos dos últimos años hemos crecido mucho en Andalucía hasta el punto de tener que desplazarme cada semana. Pensamos en que Málaga tiene aeropuerto, una buena conexión con ave con Madrid y un acceso rápido desde Murcia.
La verdad que ha sido bastante sencillo, buscamos oficina y en apenas 2 semanas estábamos instalados en la conocida calle Marqués de Larios. La elección ha sido correcta y estos meses me lo han demostrado
¿Cómo valoras el momento actual que atraviesa tu despacho?
Con la perspectiva de quien empezó solo, en un espacio compartido en Madrid, es un momento que no me esperaba. Hemos pasado de una sede a cuatro: Madrid, Murcia, Málaga y Águilas. Y ya con un gran equipo detrás, con personal de apoyo que antes no existía. No hablo de cifras auditadas, porque no las tengo delante ahora mismo, pero sí de un crecimiento sostenido en el tiempo, no de un pico puntual. Eso es lo que más tranquilidad me da: que no ha sido un boom de un año, sino una evolución que lleva ya varios ejercicios seguidos. En cuanto a servicios, seguimos exclusivamente en derecho penal, no nos hemos diversificado a otras ramas, y esa es una decisión consciente: prefiero hacer una cosa bien que muchas de forma mediocre.
En cuanto a servicios, seguimos exclusivamente en derecho penal, no nos hemos diversificado a otras ramas, y esa es una decisión consciente: prefiero hacer una cosa bien que muchas de forma mediocre.
En abril de este año entró en vigor la reforma del Código Penal en materia de multirreincidencia. ¿Cómo valoras este cambio y qué impacto puede tener en una comarca con tanto peso del sector agrario como Lorca?
Es una reforma que llevábamos tiempo pidiendo desde la abogacía penal, aunque con matices. Endurece la respuesta frente a quien acumula condenas por hurtos o estafas leves y vuelve a delinquir, algo que hasta ahora generaba una sensación de impunidad, sobre todo en el pequeño comercio. Pero lo que más me interesa destacar, precisamente pensando en esta comarca, es el nuevo agravante para hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas: ya no hace falta litigar sobre si el perjuicio fue grave, basta con acreditar que lo sustraído supera los 400 euros. Quien haya llevado un caso de robo de material agrícola sabe lo desproporcionado que era el esfuerzo procesal frente al valor de reventa de lo robado, y que el daño real para el agricultor, maquinaria parada, cosecha perdida, siempre era mucho mayor que ese valor.
También se crea un agravante específico para el robo de móviles y dispositivos con datos personales, y se facilita que los ayuntamientos puedan personarse como acusación en delitos de hurto que afecten a su municipio.
¿Qué valoración haces de la segunda temporada del videopodcast Jurídicamente Hablando? ¿Cómo se presenta la tercera temporada?
Para mi Jurídicamente Hablando es sinónimo de diversión y aprendizaje. Sinceramente no lo hago con un objetivo económico, es más me cuesta dinero, pero lo disfruto y creo que es útil para mí y los que nos siguen. Mientras siga generando interés en otras personas lo seguiré haciendo.
Como adelanto, esta tercera temporada va a venir un Magistrado que está en lo más alto, profesores de universidad, médico forense, psiquiatra, abogados de primer nivel entre otras figuras destacadas.
En los últimos tiempos te hemos visto especialmente expuesto en medios de comunicación nacionales. ¿Cómo llevas a título personal esa exposición?
La llevo con naturalidad, aunque reconozco que al principio me costó acostumbrarme. Han sido ya bastantes medios, entre prensa escrita y televisión, y a estas alturas salir a explicar un caso o una reforma legal se ha convertido en parte del oficio, casi tanto como preparar un interrogatorio. No lo vivo como un fin en sí mismo: explicar derecho penal a quien no lo conoce me obliga a depurar el argumento y a no escudarme en el tecnicismo, y eso, al final, también me hace mejor abogado delante de un juez. Es fácil hablar bien ante alguien que ya domina la materia. Lo difícil, y lo que de verdad te forma como profesional, es saber explicársela a quien no la conoce.
Llevo con naturalidad salir en los medios de comunicaación, aunque reconozco que al principio me costó acostumbrarme. Han sido ya bastantes medios, entre prensa escrita y televisión, y a estas alturas salir a explicar un caso o una reforma legal se ha convertido en parte del oficio, casi tanto como preparar un interrogatorio.
Una opinión sobre casos de especial relevancia mediática, aunque no los lleve tu despacho.
Prefiero no entrar a valorar personas concretas en casos que no llevo yo, y menos si tienen un componente político evidente. No es evasión, es rigor: opinar sobre la culpabilidad o inocencia de alguien desde fuera del expediente, sin haber visto la instrucción completa, es hacer un flaco favor a la profesión.
Lo que sí puedo aportar es contexto técnico: en procedimientos donde hay aforamiento, por ejemplo, cambia el órgano competente pero no las garantías del investigado, que siguen siendo las mismas que las de cualquier ciudadano, incluida la presunción de inocencia mientras no haya sentencia firme. Y en procedimientos con mucha exposición mediática, el mayor riesgo no suele ser jurídico sino de juicio paralelo: la opinión pública a veces dicta sentencia antes que el juez, y eso perjudica a todas las partes por igual.

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