Unos 2300 inmigrantes(registrados) han entrado en lo que va de 2026 por las costas, duplicando la cifra de 2025 y superando a Andalucía

La presión migratoria en la Región de Murcia ha alcanzado niveles críticos durante el presente año 2026 y empieza a ser alarmante, Según los últimos balances oficiales acumulados hasta finales de agosto, más de 2.300 inmigrantes en situación irregular han sido interceptados y atendidos en las costas de la comunidad autónoma. Esta cifra supone el doble de los registros detectados en el mismo periodo del año anterior, cuando el número de llegadas apenas rondaba el millar de personas.

El epicentro de esta gestión asistencial y policial se concentra en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena. Las instalaciones han operado a pleno rendimiento durante la temporada estival debido a la reactivación masiva de la denominada ruta argelina, que conecta de forma directa el norte de África con el litoral murciano.

Fuentes de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad confirman que en los primeros ocho meses de 2026 se han contabilizado al menos 112 pateras en la región, aunque otras fuentes consultadas por La Actualidad insisten en que «al menos un 30% de pateras no se contabilizan».  Las autoridades alertan de un cambio de paradigma en el modus operandi de las mafias: el uso generalizado de embarcaciones de alta velocidad, conocidas como «narcolanchas taxi», que reducen drásticamente el tiempo de travesía y dificultan las tareas de interceptación de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.

Los desembarcos ya no solo se limitan a los puertos tradicionales. Los puntos de llegada se han diversificado hacia zonas naturales protegidas de difícil acceso, como la Cala del Barco y la Cala de los Dentoles, ambas ubicadas en el entorno del Parque Regional de Calblanque, así como toda la costa de Marina de Cope, que comparten Águilas y Lorca.

El perfil mayoritario de las personas rescatadas corresponde a varones adultos de nacionalidad argelina. Sin embargo, la mayor preocupación de las instituciones radica en el repunte del traslado de menores de edad. En lo que va de año, la Región de Murcia ha asumido la tutela y atención de más de 500menores extranjeros no acompañados, un flujo que ha tensionado la red de centros de acogida de la comunidad y ha reavivado el debate político entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central sobre la distribución de recursos y la financiación de la asistencia humanitaria.

Ante este escenario, colectivos sociales y sindicatos policiales urgen a un refuerzo permanente de los medios materiales en el CATE de Cartagena y a una mayor implicación de la Unión Europea para contener una ruta que no deja de ganar intensidad.