El PP constata el rechazo de los empresarios lorquinos al acuerdo del gobierno de Pedro Sánchez que obliga a que sus trabajadores atiendan en catalán

 

• La medida del PSOE impone a empresas lorquinas que sus empleados hablen en catalán para poder trabajar, “un absoluto disparate, carente de sentido común y fruto de un gobierno plenamente desquiciado”.

 

• Rosa Mª Medina: “en vez de ayudar a quienes impulsan nuestra economía, el PSOE castiga a los empresarios friéndolos a impuestos, penalizando a los emprendedores y sometiéndolos a obligaciones tan esperpénticas que parecen un chiste”.

 

• El PP trasladará al Pleno del Ayuntamiento el rechazo del tejido empresarial a través de una moción “que obligará a los socialistas a decidir si son lorquinos o marionetas del sanchismo, algo que también tendrá que demostrar su diputada nacional en el Congreso”.

 La secretaria general del Partido Popular de Lorca, Rosa María Medina, ha podido constatar el profundo malestar existente en el tejido empresarial del municipio ante la medida del gobierno de Pedro Sánchez que obliga a las empresas a atender a sus clientes en catalán, incluso aunque se trata de empresas radicadas fuera de esa Comunidad Autónoma.

En el acuerdo alcanzado por el PSOE para aprobar el Proyecto de Ley de Atención al Cliente ha incluido la formación obligatoria en catalán de trabajadores de estos servicios y la sustitución de la obligación de responder, como mínimo, en castellano, por la de hacerlo en la lengua oficial en la que se haya dirigido el cliente. Esta obligación afecta a cualquier empresa con más de 250 trabajadores o que facture más de 50 millones de euros anuales compañías eléctricas, suministradoras de gas, de agua, telefonía, aeronáuticas, ferroviarias, transporte en autobús, servicios postales, de comunicación audiovisual de pago (plataformas), entidades bancarias y servicios financieros, aseguradoras y servicios públicos.

La medida, ha asegurado, “afectará a más de medio centenar de empresas en la Región de Murcia y su impacto será muy relevante. En términos económicos, supondría una sobrecarga adicional para las empresas justo en el momento donde los empresarios reclaman simplificación administrativa y menos burocracia. Una afirmación que realizaba en los últimos días el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales, Croem”.

Medina Mínguez, ha insistido, en que “esta imposición no nace de una demanda real del mercado ni de una necesidad social. No responde a los intereses de los consumidores ni a la mejora de los servicios. Es, en esencia, una cesión política calculada, fruto de un intercambio de favores entre el Gobierno y sus socios nacionalistas, que están dispuestos a convertir la lengua en un instrumento de poder y exclusión”.

Ha recordado que el acuerdo entre el Gobierno de Sánchez y sus socios “obliga a empresas lorquinas a formar a sus empleados en catalán para poder trabajar, lo que es una medida totalmente disparatada, que sólo se explica dentro del desgobierno que sufre España por culpa de la obsesión por atornillarse a la poltrona de Pedro Sánchez, y el cobarde seguidismo de sus compañeros de partido”. Y ha insistido en que “esta imposición lingüística no nace de una demanda real del mercado ni de una necesidad social. Es una cesión política ridícula, fruto de un intercambio de favores entre el Gobierno de España y sus socios nacionalistas”.

Lo que se pretende, ha agregado, no es garantizar derechos, sino consolidar privilegios. “Se sacrifica la lógica empresarial, la igualdad territorial y la libertad lingüística en aras de mantener una mayor parlamentaria a cualquier precio. El Gobierno central ha demostrado que no le interesa el bienestar de las empresas ni la cohesión nacional. Le interesa mantenerse en el poder, aunque eso implique pactar con quienes cuestionan la unidad de España y promueven políticas identitarias excluyentes. En definitiva, vuelvo a repetir, estamos ante una maniobra política que utiliza la lengua como moneda de cambio, despreciando el sentido común, la realidad económica y el respeto a la pluralidad de España”.

Ante esta situación., Medina Mínguez ha adelantado que el PP solicitará en el Pleno del Ayuntamiento que se rechace la imposición del catalán como lengua obligatoria en los servicios de atención al cliente de las empresas. La portavoz del Gobierno municipal, Rosa María Medina Mínguez, ha asegurado que esta nueva barbaridad del Gobierno de España es una “medida discriminatoria, injusta y contraria al principio de igualdad. Una maniobra política que utiliza la lengua como moneda de cambio”.