La Policía Nacional desaloja Sol tras más de un mes de acampada
El operativo deja dos detenidos y unas 300 personas desalojadas. La Delegación justifica la intervención por motivos de seguridad, mientras los acampados denuncian violencia policial
La Policía Nacional ha desalojado esta madrugada la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre. Tras más de cinco semanas de ocupación de la céntrica plaza madrileña, el dispositivo ha concluido con unas 300 personas desalojadas y dos detenidos, uno por resistencia y otro por atentado contra la autoridad, según fuentes policiales citadas por la Cadena SER.
La intervención, realizada en coordinación con la Policía Municipal, llega después de dos comunicaciones de la Delegación del Gobierno para poner fin al asentamiento. La primera se remitió el 26 de octubre; la segunda, enviada tres días después, reclamaba su desmantelamiento cuanto antes. La institución sostiene que la protesta había perdido su finalidad reivindicativa inicial y que los incidentes registrados suponían un riesgo para personas y bienes.
La explicación deja una cuestión sobre la gestión del conflicto: por qué el Gobierno había llegado a considerar necesario levantar el campamento y, aun así, la ocupación se prolongó hasta esta madrugada. La Delegación defiende que actuó de forma gradual y que el desalojo fue el último recurso, después de semanas de contactos con los participantes.
La mayoría de las comisiones organizadoras ya había anunciado su retirada para trasladar las movilizaciones a los barrios y preparar la huelga general del 11 de noviembre. Sin embargo, parte de los acampados decidió permanecer en Sol y este lunes había comunicado su intención de continuar hasta esa fecha.
Sobre el desarrollo del operativo existen versiones enfrentadas. La Delegación asegura que se realizó sin violencia, mientras Acampada 26S denuncia golpes, uso de gas pimienta y varias personas heridas. Las acusaciones deben esclarecerse. También corresponde explicar cómo se gestionaron los riesgos que la propia Administración ha esgrimido para justificar el desalojo.