El ayuntamiento de Lorca, a propuesta del PP es el primero de España en rechazar la ley de seguridad ciudadana de carácter nacional
Nota de prensa PP
La concejal por el Partido Popular, María Belén Pérez, ha informado que este Consistorio se ha convertido esta misma mañana en el primero de toda España en mostrar su contundente oposición a la Ley de Seguridad Ciudadana que pretende imponer el gobierno socialista de Pedro Sánchez, gracias a la moción presentada por el Partido Popular.
Los agentes quedan tan “vendidos” ante el delincuente por culpa de esta Ley que su palabra valdrá exactamente lo mismo que la del infractor, quedando al mismo nivel. Así, el atestado policial perderá presunción de veracidad, y se despoja aún más de autoridad a todos los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la Policía Local.
Hoy ha quedado de manifiesto, una vez más, la soledad y el seguidismo a Pedro Sánchez del actual alcalde, Diego José Mateos, que, en vez de apoyar a los agentes de Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, se ha puesto a defender lo indefendible: una pésima ley que protege al delincuente y ata de pies y manos a los agentes. El PSOE de Mateos y Sánchez se desentiende de lo que les pase a los agentes y los deja totalmente expuestos a la hora de intervenir ante cualquier incidencia, precisamente ahora que el propio Ministerio del Interior ha tenido que reconocer que las agresiones a los agentes se han disparado un 24%. Habida cuenta de cómo quedan relegados, desprotegido y desamparados, los agentes de la Ley, poco margen les va a quedar para desempeñar su trabajo. Están vendidos. Lorca y España tienen que quedar libres de sanchismo cuanto antes.
Esta Ley ha sido redactada contra los agentes, no cabe duda. Estamos hablando de una Ley que protege al delincuente y al violento, ampara al porrero y despoja de autoridad a las fuerzas del orden. Estas son las principales conclusiones que se derivan del texto del proyecto de reforma que se ha hecho público recientemente, y que, por ejemplo, limita a apenas dos horas el tiempo máximo del que dispone un agente de la Ley para retener a un sospechoso que se niegue a identificarse. Así, cuando un policía o guardia civil intercepte a una persona sospechosa en zonas como Puerto Muriel, Ramonete, Almendricos, Zarzadilla de Totana, o cualquier otro enclave alejado del casco urbano, tiene que actuar a contrarreloj para actuar con este individuo, despojándole del tiempo necesario para cumplir bien su trabajo. Por si fuera poco, el policía tendrá la obligación ineludible de “hacerle de taxista” al sospechoso, y devolverlo en su vehículo policial al lugar donde le interceptó.
La Ley del PSOE de Mateos y Sánchez protege al “porrero”, rebajando a una testimonial “infracción leve” el consumo de estupefacientes en la calle. ¿Para qué sirven todas esas campañas de concienciación en contra de los efectos de las drogas si a las primeras de cambio el propio gobierno lanza un mensaje de disculpa a estas conductas? Esta Ley derriba de golpe y porrazo todo el trabajo que se ha hecho desde la sociedad, asociaciones e instituciones. Por si fuera poco, esta Ley abre la puerta a que la comisión de ciertos delitos, infracciones y faltas salga “gratis total” a los infractores, ya que, si se demuestra insolvencia, no habrá sanción.
