“EL Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se enfrenta a una demanda millonaria a raíz de su negativa al proyecto de Carril Solar»

Entrevista a  Jorge Rodríguez, director financiero corporativo del grupo RP Global y director general en España

 

Pregunta: El proyecto Carril lleva años generando polémicas, ¿qué nos puede decir sobre la decisión de implementarlo en Puerto Lumbreras?

Respuesta:Este proyecto pertenecía al portfolio de la empresa americana SunEdison, que en su momento era líder mundial del sector de renovables, pero declaró la bancarrota en 2016. RP Global compra los derechos a finales de 2016, incluyendo los servicios de los desarrolladores locales que trabajaban para SunEdison.

Inicialmente estaba prevista la instalación en Lorca, donde se controlaban aproximadamente el 70% de los terrenos necesarios. Sin embargo, unos meses después de la entrada de RP, se perdió uno de los terrenos claves donde estaba previsto instalar la subestación. En ese momento se replantea la estrategia para la implantación y los desarrolladores locales proponen la posibilidad de trasladarlo a Puerto Lumbreras, aunque la mayor parte de la línea de evacuación se mantenía todavía en Lorca. Mantienen reuniones iniciales con la alcaldesa y tantean a los propietarios de los terrenos clave para ver su interés. Como la respuesta es positiva, yo mismo mantengo una reunión con la alcaldesa y miembros de su equipo, donde manifiesta su interés en la instalación del proyecto en Puerto Lumbreras y no muestra ninguna preocupación sobre la ubicación planteada.

Pregunta: Pero la alcaldesa ha manifestado siempre públicamente su oposición a la instalación del proyecto en terrenos de regadío ….

Respuesta: Unos meses después de haber abandonado los contratos de los terrenos en Lorca y haber firmado compromisos con los propietarios principales, nos encontramos con estas declaraciones. Inmediatamente solicitamos una reunión, donde se nos comunica que la Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras se opone frontalmente porque entiende que el proyecto va a afectar negativamente al sector agrícola en el municipio.

Inicialmente el estudio de implantación cubría unas 4.000 has., de las cuales estaba previsto utilizar unas 1.300 has, 50% de regadío y 50% de secano. Se nos explica que los Regantes piensan que vamos a usar 4.000 has de regadío en lugar de las 500has inicialmente consideradas y que finalmente han quedado en solo 79has. pensamos que el problema no iba a ir a más y solicitamos reunión con la Junta Directiva de la Comunidad de Regantes. En esta reunión explicamos el impacto de la implantación y nos mostramos abiertos a discutir una solución para minimizar el impacto aún más.

Pregunta: La Comunidad de Regantes has sido especialmente combativa y ha manifestado su oposición al uso de terrenos productivos para energía fotovoltaica. ¿Por qué no se ha podido alcanzar un acuerdo en todos estos años?

Respuesta: Ha sido una relación complicada y llena de malentendidos, pero pensamos que las modificaciones efectuadas en el proyecto deberían de ser suficientes para eliminar la oposición. Se han abandonado las parcelas donde el riego se había modernizado, y limitado la implantación en terrenos de regadío a 79has, sobre un total de 461has. No podemos entender esta férrea oposición, dados los beneficios del proyecto para la localidad y el nulo impacto en la actividad agrícola, ya que se usan principalmente terrenos no productivos.

Se han abandonado las parcelas donde el riego se había modernizado, y limitado la implantación en terrenos de regadío a 79has, sobre un total de 461has. No podemos entender esta férrea oposición, dados los beneficios del proyecto para la localidad y el nulo impacto en la actividad agrícola, ya que se usan principalmente terrenos no productivos.

Pregunta: ¿Cuáles son esos beneficios?

Respuesta: Básicamente se pueden resumir en los siguientes:

1).Pago de una licencia de obras estimada en 5m de euros

2).Pagos anuales de impuestos por valor superior a 1,2m de euros.

4).Creación de empleo, tanto durante la fase construcción estimada en 20 meses, como durante la vida útil del proyecto estimada en casi 40 años. Estamos hablando de una inversión superior a los 150 millones de euros, de los cuales más de un 50% se destina a la compra de bienes y servicios locales y regionales.

 

Estamos hablando de una inversión superior a los 150 millones de euros, de los cuales más de un 50% se destina a la compra de bienes y servicios locales y regionales.

Carril no va a substituir a las empresas agrícolas, pero puede complementar perfectamente a la economía local. Directamente a través de los servicios y el empleo estable contratados en la comarca, e indirectamente a través del pago de impuestos que suponen un incremento del presupuesto municipal de más del 50% en la fase de construcción y de más del 10% cada año posteriormente. Éstos son volúmenes muy difíciles de alcanzar sin subir impuestos de forma notable.

La experiencia que tenemos en otros municipios es que los proyectos ayudan a mejorar la calidad y cantidad de los servicios locales, así como a crear empleo, y por tanto retener a la población que de otra forma se puede sentir atraída a mudarse a las grandes ciudades.

Pregunta: Sin embargo, parece que la empresa va a iniciar un contencioso contra el ayuntamiento porque no quiere dar la licencia de construcción.

Respuesta: El proyecto cuenta con todos los permisos necesarios para el inicio de la construcción y es un proyecto UNAI (por tanto de carácter urgente y prioritario para la Administración Regional), excepto el permiso de construcción del ayuntamiento de Puerto Lumbreras, que ya debería de haberse otorgado.

El proyecto cuenta con todos los permisos necesarios para el inicio de la construcción y es un proyecto UNAI (por tanto de carácter urgente y prioritario para la Administración Regional), excepto el permiso de construcción del ayuntamiento de Puerto Lumbreras, que ya debería de haberse otorgado.

La LOTURM, que es la ley que regula la ordenación del territorio en Murcia, establece un sistema de otorgamiento de licencias para los proyectos de energías renovables muy directo. Esta ley estableció un plazo de 5 años para que los Planes Generales de Ordenación Urbana ( PGOU) de los municipios murcianos la integrasen en los mismos.

 

Puerto Lumbreras no ha sido capaz de aprobar un PGOU y se rige todavía por unas normas subsidiarias del año 1986, cuando las energías renovables prácticamente no existían. El ayuntamiento quiere excusarse en que su planeamiento municipal no permite la implantación de energías renovables porque no se ha adaptado (de hecho ha incumplido la obligación de adaptarse a la LOTURM, lo cual no le exime de su cumplimiento), y pretende hacer pasar al proyecto por un largo y complicado tramité de interés general, para luego denegar el permiso. Así lo ha hecho con algún proyecto más en el municipio últimamente. La realidad es que la redacción de la LOTURM que interpreta el uso natural de los recursos naturales en terrenos agrícolas, los cuales están permitidos en el planeamiento de Puerto Lumbreras, incluye a las energías renovables, así que no hay ninguna razón para denegar la licencia. La Dirección General de ordenación del Territorio ha comunicado al ayuntamiento que a las energías renovables les aplica la tramitación por título habilitante, pero es el ayuntamiento el competente para interpretar su PGOU.

 

Pregunta: Se ha hablado mucho sobre expropiaciones.

Respuesta: Carril tiene asegurados los terrenos para la instalación de la planta con contratos firmados con los propietarios. Los cuales por cierto también se están planteando demandar al ayuntamiento. No se van a expropiar terrenos que no hayan querido firmar un acuerdo con nosotros. Únicamente vamos a pedir derechos de paso que no afectan al uso habitual del terreno. Es cierto que eso puede generar alguna incomodidad durante un pequeño periodo de tiempo al propietario afectado, pero será compensado de forma justa, como así establece la ley. El ayuntamiento podría ayudar a minimizar este impacto aún más, pero no está cooperando.

 

 Pregunta: ¿Algún mensaje final?

Respuesta: Es una pena que el proyecto se judicialice y no se construya. El equipo que lo gestiona solo quiere que salga adelante y mantener una buena relación con las partes afectadas. Pero hay una inversión efectuada de más de 20 millones durante estos casi 9 años de tramitación y los accionistas de la empresa tienen derecho a pedir resarcimiento por una decisión injusta y que no es acorde a ley. Esta es una decisión que trasciende al equipo una vez que ya no queda otro remedio que iniciar acciones legales.

 

Ojalá que el ayuntamiento recuerde que debe actuar en el interés de todos sus ciudadanos, recapacite antes de que sea demasiado tarde, y los daños no se puedan evitar. Si no emite la licencia antes de fin de año el daño ya será irreparable para todos. De momento la reclamación ha sido admitida a trámite por el juzgado y sigue su curso.