Cómo afecta el auge del juego ilegal online a la economía española

Vivimos en una era donde el entretenimiento digital está al alcance de un clic. Sin embargo, detrás de esa facilidad de acceso se esconde una realidad mucho más compleja y preocupante que está pasando factura a las arcas del país. El juego online en España ha crecido, pero a su sombra también lo ha hace un mercado paralelo que opera al margen de la ley, sin supervisión.

Un estudio reciente ha puesto cifras a este fantasma que recorre la red. Los datos son, cuanto menos, alarmantes. Estamos hablando de un sector sumergido que pone en riesgo a los usuarios más vulnerables y también supone un agujero considerable para la economía nacional. No se trata de una simple anécdota o de unos pocos sitios web residuales; es una industria paralela que se alimenta de la desinformación y de la falta de barreras de entrada.

¿Te has parado a pensar alguna vez si la web donde echas una partida rápida es segura? La mayoría de los usuarios asume que sí, confiando en que internet es un espacio regulado por defecto. Pero la realidad nos muestra que una parte significativa de los jugadores españoles está accediendo a operadores sin licencia, muchas veces sin siquiera sospecharlo. Este fenómeno no solo desprotege al consumidor, dejándolo sin herramientas de juego responsable, sino que desvía recursos millonarios que deberían estar tributando en España.

231 millones: impacto económico que no deja de crecer

Las cifras hablan por sí solas y dibujan un panorama que exige atención inmediata. Y es que el mercado del juego online ilegal en España movió nada menos que 231 millones de euros solo en 2024. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, esto representa el 16% de todo el mercado regulado. Es una cantidad de dinero que escapa al control fiscal y que alimenta a operadores sin cumplir con las normativas de seguridad que acatan las empresas legales.

Pero eso no es todo. El informe revela un dato curioso sobre quién está detrás de este gasto. Lejos de ser una actividad marginal de pequeños apostadores, el impacto económico se concentra en perfiles de alto valor. Más del 60% de ese desembolso proviene de jugadores que gastan más de 600 euros al mes. Esto sugiere que hay un desplazamiento consciente de ciertos usuarios hacia estas plataformas, probablemente buscando evitar los límites horarios y de gasto que impone la legislación española para proteger al jugador. Al final, lo que debería ser una red de seguridad provoca, paradójicamente, una fuga hacia entornos más peligrosos.

Por si fuera poco, la confusión reina entre los usuarios. El estudio destaca que casi la mitad de las personas que creen estar jugando en sitios totalmente legales, en realidad han accedido a dominios no autorizados. Muchos entran en webs con terminaciones como .com o .bet pensando que son equivalentes a los dominios .es supervisados por la DGOJ. Aquí es donde la labor de portales de información como casino.com cobra importancia: ayudan a los usuarios a distinguir el grano de la paja, con análisis para navegar solo por entornos seguros y verificados.

La trampa de las redes sociales y los bonos prohibidos

¿Cómo logran estos operadores ilegales captar a tanta gente? La respuesta está en el bolsillo de cualquiera: el móvil. Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería se han convertido en la puerta trasera por la que se cuelan estas plataformas. Y claro, los más jóvenes son el blanco perfecto. Plataformas como TikTok, Instagram o YouTube concentran una gran parte del impacto, sirviendo de escaparate para ofertas que en el mercado regulado estarían prohibidas.

El gancho es casi siempre económico. Dado que la regulación española restringe los bonos de bienvenida y las promociones agresivas para proteger sobre todo a los colectivos vulnerables, los operadores ilegales se aprovechan justamente de ese vacío: ofrecen bonificaciones desorbitadas y promesas de dinero fácil que actúan como un imán para quienes desconocen los riesgos. WhatsApp y Telegram se han vuelto canales habituales para la difusión de estos enlaces, creando comunidades cerradas donde, para más inri, la supervisión es nula.

Es preocupante ver cómo el desconocimiento es el principal aliado de este mercado negro. Un 23,4% de los jugadores ha accedido a operadores sin licencia, y un porcentaje alto de jóvenes entre 18 y 24 años admite no saber siquiera que existen webs ilegales. Al final, la falta de educación digital y la promesa de recompensas sin límites están creando una tormenta perfecta que afecta tanto a la salud financiera del estado como a la seguridad de los propios jugadores.

Buscando el equilibrio entre protección y libertad

Frente a esta situación, la solución no parece sencilla. El debate sobre las restricciones en el juego online está más vivo que nunca. Si bien las normativas buscan proteger al ciudadano, el efecto rebote hacia el mercado ilegal demuestra que la prohibición estricta sin acompañamiento educativo es contraproducente. Los expertos coinciden en buscar un equilibrio que permita el desarrollo de un mercado seguro, capaz de canalizar la demanda hacia entornos controlados.

La lucha contra el juego ilegal no es solo una cuestión de recaudación fiscal, aunque recuperar esos 231 millones sería un alivio para las arcas públicas. Se trata, más que nada, de garantizar que quien decida jugar en España lo haga con todas las garantías, sabiendo que detrás hay una supervisión que vela por su seguridad y sus derechos. Informarse, verificar las licencias y desconfiar de promesas milagrosas son los primeros pasos para no caer en la trampa.