Solicitan ocho años y medio de prisión para los principales acusados por el incendio en Atalayas
La Fiscalía de la Región de Murcia ha pedido la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial del caso penal de la tragedia de Atalayas. En un extenso escrito al que se han sumado algunos familiares de las víctimas, el Ministerio Público solicita penas de hasta ocho años y medio de prisión aparejadas a distintas inhabilitaciones en función de la responsabilidad.
A cinco de los siete acusados, el Ministerio Fiscal pide la pena de ocho años y medio de prisión, más penas accesorias. A cuatro de ellos —el administrador de Teatre, el administrador de hecho de esa discoteca y la encargada, además del administrador de Fonda Milagros— la inhabilitación para gestionar negocios relacionados con la restauración y con personal a su cargo durante el tiempo de la condena.
Para el último de este primer grupo de acusados, el autor de la división de los dos locales, también se pide la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial durante once años. A los otros dos acusados, penas de siete años y nueve meses (para el propietario de la máquina de frío) y de cuatro años (para el organizador de la fiesta).
El escrito de la Fiscalía también establece la responsabilidad civil directa de las aseguradoras Axa, Allianz y Caser, y subsidiaria de Teatre Murcia SL, al pago de las indemnizaciones millonarias que suman cerca de 5,3 millones de euros.
Apunta como responsables civiles directas a las aseguradoras de las discotecas y del pinchadiscos y como responsable civil subsidiario a la empresa Teatre Murcia S.L. y pide más de 4,3 millones de euros en indemnizaciones para los familiares de los 13 fallecidos, a los que se suman más de 38.000 euros para doce personas que sufrieron lesiones y casi 865.000 euros más por los daños causados en la nave y los negocios colindantes.
Las acusaciones coinciden en las penas solicitadas por el fiscal, pero matizan algunas de las indemnizaciones solicitadas, al tiempo que señalan la existencia de graves fallos en el control administrativo por parte del Ayuntamiento de Murcia.