El Pleno rechaza la imposición del catalán como lengua obligatoria en los servicios de atención al cliente de las empresas
La moción ha sido aprobada con 14 votos a favor de PP y Vox y 10 en contra de PSOE e IU-Podemos-AV, para garantizar el uso del castellano como lengua común y vehicular en todo el territorio nacional
El acuerdo entre el Gobierno y sus socios “obligaría a empresas lorquinas a formar a sus empleados en catalán para poder operar en el mercado nacional, lo que es una medida desproporcionada e injusta”
Rosa María Medina Mínguez, portavoz del Gobierno municipal: “Esta imposición lingüística no nace de una demanda real del mercado ni de una necesidad social. Es una cesión política calculada, fruto de un intercambio de favores entre el Gobierno y sus socios nacionalistas”
El Pleno del Ayuntamiento de Lorca ha aprobado en la sesión ordinaria celebrada este lunes la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, en la que se muestra el rechazo a la medida del Gobierno de España que obliga a las empresas a atender a sus clientes en catalán, incluso en comunidades autónomas donde esta lengua no es oficial. La iniciativa ha salido adelante con 14 votos a favor (PP y VOX) y 10 en contra (PSOE e IU-Podemos-AV).
La portavoz del Gobierno de Lorca, Rosa María Medina, ha señalado que “en vez de ayudar a quienes impulsan nuestra economía, el PSOE castiga a los empresarios friéndolos a impuestos, penalizando a los emprendedores y sometiéndolos a obligaciones tan esperpénticas que parecen un chiste”.
El partido político Junts per Catalunya anunciaba que había llegado a un acuerdo con el Gobierno de España que obligará a trabajadores de los servicios de atención al cliente de empresas de toda España a conocer el catalán para poder atender al cliente en esta lengua, incluso fuera de Cataluña.
La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados señalaba que “los ciudadanos catalanes deben tener los mismos derechos lingüísticos que un francés o un inglés” y confirmaba que habían presentado enmiendas al Proyecto de Ley de Atención al Cliente. En el acuerdo alcanzado, consta la formación obligatoria en catalán de trabajadores de los servicios de atención al cliente y la sustitución de la obligación de responder, como mínimo, en castellano, por la de hacerlo en la lengua oficial en la que se haya dirigido el cliente de la empresa.
Según el partido catalán, afectará a compañías eléctricas, suministradoras de gas, de agua, telefonía, aeronáuticas, ferroviarias, transporte en autobús, servicios postales, de comunicación audiovisual de pago (plataformas), entidades bancarias y servicios financieros, aseguradoras, servicios públicos y cualquier otra empresa con más de 250 trabajadores y empresas que facturen más de 50 millones de euros anuales.
Ese acuerdo “obligaría a empresas lorquinas a formar a sus empleados en catalán para poder operar en el mercado nacional, lo que es una medida desproporcionada e injusta” ha destacado Rosa Medina. Y ha insistido en que “esta imposición lingüística no nace de una demanda real del mercado ni de una necesidad social. No responde a los intereses de los consumidores ni a la mejora de los servicios. Es, en esencia, una cesión política calculada, fruto de un intercambio de favores entre el Gobierno y sus socios nacionalistas, que están dispuestos a convertir la lengua en un instrumento de poder y exclusión”.
La moción aprobada advierte de que esta medida afectará de manera directa a más de medio centenar de empresas radicadas en la Región de Murcia, muchas de ellas pertenecientes a sectores estratégicos como el transporte, la energía, las telecomunicaciones o los servicios financieros. Medina ha querido señalar que su impacto será muy relevante “en términos económicos, supondría una sobrecarga adicional para las empresas justo en el momento donde los empresarios reclaman simplificación administrativa y menos burocracia. Una afirmación que también realizaba el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales, Croem”.
La portavoz del Gobierno de Lorca ha insistido que lo que se pretende no es garantizar derechos, sino consolidar privilegios. “Se sacrifica la lógica empresarial, la igualdad territorial y la libertad lingüística en aras de mantener una mayor parlamentaria a cualquier precio. El Gobierno central ha demostrado que no le interesa el bienestar de las empresas ni la cohesión nacional. Le interesa mantenerse en el poder, aunque eso implique pactar con quienes cuestionan la unidad de España”.
En la moción se reclamará al Gobierno de España que “garantice el uso del castellano como lengua común y vehicular en todo el territorio nacional, respetando la cooficialidad de otras lenguas sin imponerlas fuera de sus ámbitos territoriales”.
El acuerdo plenario será trasladado al Gobierno de España y a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que quede constancia del rechazo institucional de Lorca ante esta imposición.