SEAG: “El escenario es preocupante, los requisitos a los inquilinos se van a endurecer”
Sociedad Española de Alquiler Garantizado alerta de que “los principales perjudicados serán los jóvenes, los trabajadores temporales, los autónomos y los hogares con ingresos irregulares”.
La organización sostiene que la protección de las personas vulnerables debe ser plenamente compatible con la seguridad jurídica y económica de quienes ponen una vivienda en alquiler.
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Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) muestra su preocupación ante la aprobación, con algunas modificaciones, de los dos Reales Decretos-ley en materia de vivienda que habían sido rechazados por el Congreso de los Diputados tres días hábiles antes. Desde su experiencia en la protección de propietarios frente al impago, la organización advierte de que estas medidas pueden aumentar la inseguridad asociada a los contratos y provocar una nueva reducción de la oferta de alquiler habitual.
SEAG considera que las prórrogas contractuales, las indemnizaciones previstas en determinados supuestos de no renovación y las mayores limitaciones para recuperar una vivienda modifican el equilibrio entre las partes. En la práctica, estas disposiciones pueden incrementar el tiempo, el coste y la incertidumbre que debe asumir un propietario cuando se produce un impago o necesita disponer nuevamente de su inmueble.
El riesgo de impago no desaparece mediante una regulación más restrictiva. Cuando aumentan las dudas sobre el tiempo necesario para recuperar una vivienda y reclamar las cantidades adeudadas, ese riesgo puede trasladarse al precio, a las garantías exigidas al futuro inquilino o, directamente, a la decisión del propietario de retirar el inmueble del mercado. Son consecuencias que terminan afectando al funcionamiento del alquiler.
SEAG alerta de que este escenario puede endurecer todavía más los procesos de selección de arrendatarios. Ante la posibilidad de afrontar varios meses sin cobrar la renta y sin disponer de mecanismos suficientemente ágiles para recuperar el inmueble, algunos propietarios pueden exigir perfiles económicos más sólidos y garantías adicionales. Los principales perjudicados serían los jóvenes, los trabajadores temporales, los autónomos y los hogares con ingresos irregulares, que ya encuentran mayores dificultades para acceder a una vivienda.
La organización sostiene que la protección de las personas vulnerables debe ser plenamente compatible con la seguridad jurídica y económica de quienes ponen una vivienda en alquiler. Cuando un hogar deja de pagar por encontrarse en una situación de vulnerabilidad, necesita una respuesta rápida de los servicios sociales y, cuando corresponda, una alternativa habitacional financiada con recursos públicos.
En este sentido, SEAG advierte de que trasladar durante meses el coste de esa protección al propietario particular no resuelve el problema social y puede generar otro adicional: que cada vez haya menos viviendas disponibles para alquilar. La atención a la vulnerabilidad corresponde a las administraciones y no puede depender principalmente de la capacidad económica de un arrendador para permanecer sin cobrar la renta.
La entidad reclama procedimientos más rápidos frente al impago, una coordinación efectiva con los servicios sociales, recursos públicos suficientes y mecanismos que permitan recuperar tanto la vivienda como las cantidades pendientes dentro de plazos razonables. Estas garantías no solo protegen al propietario, sino que también contribuyen a generar confianza y a movilizar más inmuebles hacia el alquiler estable.
Un mercado del alquiler equilibrado necesita reglas claras, previsibles y proporcionadas para ambas partes. Si las medidas incrementan la percepción de riesgo, puede reducirse la oferta, aumentar las exigencias de acceso y quedar fuera del mercado precisamente una parte de los hogares que se pretende proteger.
SEAG considera que cualquier reforma en materia de vivienda debe valorar previamente su impacto sobre el impago, la disponibilidad de inmuebles y el comportamiento de propietarios e inquilinos. La prioridad debe ser ampliar la oferta de alquiler, reforzar la seguridad de los contratos y garantizar que las situaciones de vulnerabilidad reciban una respuesta pública eficaz, con independencia de la coyuntura política o de la administración que impulse las medidas.
Sobre SEAG
Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) es la primera compañía nacional especializada en garantizar el cobro del alquiler de forma indefinida. Fundada en 2014, ofrece a los propietarios una garantía integral frente a impagos, ocupaciones, daños y litigios, sin los límites habituales de los seguros tradicionales.
A diferencia de una aseguradora, SEAG no comercializa pólizas, sino que proporciona una garantía, diseñada específicamente para ofrecer protección real y sin vencimiento a los arrendadores. Con más de 62.000 garantías emitidas y presencia en todo el territorio nacional, SEAG se ha consolidado como la opción más fiable y completa para proteger el alquiler. Más información en www.seag.es.