La UCO pone el foco en el contrato de 6,18 millones para conservar la AP-7 Cartagena-Vera, así como su relación en el caso Koldo
Los investigadores analizan la posible intermediación de Cristian Corvillo a través de Koldo García. La documentación oficial de SEITT confirma que la adjudicación a Aquaterra y Napal ascendió a 6.184.722 euros sin IVA
La conservación de la autopista AP-7 entre Cartagena y Vera figura entre las adjudicaciones que analiza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una pieza separada del caso Koldo. Los investigadores examinan si el empresario Cristian Corvillo utilizó sus contactos con Koldo García, exasesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, para favorecer a determinadas empresas, según el informe policial al que ha tenido acceso EFE.
El contrato fue adjudicado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) a la unión temporal de empresas integrada por Aquaterra Servicios Infraestructuras y Servicios Técnicos Napal. El informe de información no financiera de SEITT correspondiente a 2024 identifica el expediente como 20191046-V y fija su importe total en 6.184.722,41 euros, sin IVA.
La documentación de la sociedad pública detalla, además, un importe anual de 2.061.574,14 euros sin impuestos e incluye la adjudicación entre los contratos de conservación y explotación vigentes durante aquel ejercicio. Los 6,18 millones corresponden, por tanto, al importe total recogido en ese documento y no a una sola anualidad.
Contactos durante la contratación
Según la información de EFE, la UCO detecta encuentros entre Corvillo y Koldo García próximos a momentos relevantes del procedimiento. Los agentes también analizan un mensaje que el empresario envió a Víctor de Aldama en 2020, en el que mencionaba la AP-7 y a las dos empresas adjudicatarias. En esa conversación aludía a una persona que los investigadores identifican como Koldo.
La investigación abarca otras dos adjudicaciones de Adif: una obra ferroviaria de alta velocidad en Extremadura, por unos 28 millones de euros, y un servicio de limpieza en Madrid, por 175.188 euros. La Guardia Civil ha solicitado información a las empresas relacionadas con las operaciones examinadas.
Una investigación abierta
Corvillo fue detenido el pasado 5 de noviembre en el marco de esta pieza y quedó en libertad ese mismo día, según informó Europa Press.
Las pesquisas buscan esclarecer si los contactos investigados se tradujeron en un trato de favor. La existencia del contrato y sus importes están documentados por SEITT, mientras que la posible intervención irregular de intermediarios forma parte de la investigación policial. Los indicios difundidos hasta ahora no equivalen a una declaración judicial de culpabilidad.
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