La falta de debate protagoniza la sesión plenaria
Apenas hubo cabida para el debate en la sesión plenaria celebrada el pasado martes, en la que casi todos los puntos tratados se centraron en tomas de conocimiento sobre distintos asuntos de carácter administrativo.
Únicamente, una moción presentada por el PP, y aprobada con sus votos, en torno a la Ley de Dependencia despertó el interés de los ediles, dando lugar a una acalorada controversia entre la edil socialista Mª Carmen Moreno y la portavoz del Equipo de Gobierno, Cati Lorenzo.
Lorenzo criticó el hecho de que “este nueva ley lejos de homogeneizar da lugar a 17 convenios diferentes con las Comunidades Autónomas, creando importantes diferencias entre unas y otras”. Asimismo la edil popular apuntó que “la ley debería tener un desarrollo normativo para poder ponerse en marcha” y aseguró que “con la Ley de Dependencia no se crean nuevas prestaciones ya que desde el año 2.002, 5.000 familias murcianas reciben, gracias al Gobierno regional, el apoyo que necesitan”.
Finalmente Lorenzo instó al Gobierno de la Nación a destinar los fondos necesarios, para que los Ayuntamientos puedan hacer frente al coste que supone la formación de los trabajadores sociales a la hora de poner en marcha las ayudas.
Por su parte, la edil socialista Mª Carmen Moreno calificó de “obsoleta” una moción que, según sus palabras, “pide la realización de un desarrollo normativo que ya está hecho”. En la misma línea, Moreno aseguró que “si los aguileños aún no disfrutan de los beneficios de la ley es porque la Comunidad Autónoma no ha realizado su parte del desarrollo normativo y porque no ha enviado al Ministerio correspondiente los datos referentes a las baremaciones ya realizadas”.
En respuesta a la crítica realizada por Lorenzo de que “la Ley no crea nuevas prestaciones”, la edil socialista aseguró que “por primera vez se ofrece una prestación económica con cotización a la Seguridad Social al familiar a cargo de un dependiente y, además, garantiza las ayudas a todos los ciudadanos y no solo a los 5.000 actuales”.
Moreno aseguró también que “las prestaciones vienen marcadas en un Real Decreto por lo que no existen diferenciaciones entre Comunidades”. Asimismo, para la edil los fondos solicitados en la moción para los Ayuntamientos, “deben pedirse a la Comunidad Autónoma ya que este recibió una partida del Gobierno de España de ocho millones de euros, dentro de los cuales se incluía el coste de la formación de los trabajadores sociales”.
Expediente del secretario
Otro de los puntos tratados fue el referente a la toma de conocimiento de la situación en la que se encuentra el expediente administrativo del secretario, José Luis Pascual.
En este sentido, se informó a los concejales que, tras el auto dictado por una juez en la que se dejaban sin validez el expediente y las medidas cautelares contra Pascual, la Dirección General ha decidido levantar la suspensión de la juez al entender que el alcalde tiene la potestad para realizar estas acciones.
