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Último intento de frenar el acuerdo de Europa con Marruecos

Murcia, Andalucía, Valencia y Canarias suscriben una declaración institucional en defensa del sector español de frutas y hortalizas ante la creciente liberalización de las importaciones del país norteafricano

Las comunidades autónomas de Murcia, Andalucía, Valencia y Canarias pedirán a Europa que no ratifique el acuerdo de renovación comercial con Marruecos para el intercambio de productos agrícolas y pesqueros “en los actuales términos pactados”, ya que, de lo contrarío, la agricultura mediterránea sufriría “secuelas irreparables”.

Los consejeros de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá; Andalucía, Clara Aguilera; Valencia, Maritina Hernández; y Canarias, Pilar Merino, se reunieron hoy en Murcia para analizar los “efectos tan negativos” que tendría la renovación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos sobre el sector hortofrutícola, y principalmente sobre el sector de tomate en fresco.

Los responsables autonómicos suscribieron una declaración institucional en defensa del sector español de frutas y hortalizas, que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, trasladará esta semana a Bruselas con motivo de la ronda de reuniones que mantendrá con altos cargos europeos en defensa de los intereses de los agricultores españoles ante la inminente renovación del acuerdo.

Las cuatro comunidades consideran “inadmisible” que se pongan en marcha este tipo de tratados “a costa del sector de frutas y hortalizas” y reclamaron a la Unión Europea “más rigidez y apoyo hacia el sector español”, que es un “gran productor hortofrutícola”. Según los responsables autonómicos, el futuro acuerdo que se está negociando “es muy negativo” ya que supondrá “una mayor concentración de producto en el mercado y devaluará todavía más los precios en origen”.
Incumplimiento del acuerdo actual

El consejero murciano explicó que los “incumplimientos” del acuerdo en vigor y el aumento de concesiones a países terceros sin respetar los precios de entrada “están asfixiando a los agricultores”. Cerdá recordó que el tratado actual “ha tenido consecuencias drásticas para el sector español”, debido principalmente a la “flexibilidad en su aplicación”, al no respetar el precio de entrada preferencial ni adoptar ninguna medida para evitar las graves perturbaciones de los mercados.

El responsable del Gobierno regional indicó que los esfuerzos que están realizando los agricultores españoles “no se ven compensados en los mercados”, mientras que “Europa acepta importaciones de terceros sin condiciones”. Cerdá indicó señaló que “nosotros somos muy estrictos en calidad, seguridad alimentaria y en materia fitosanitaria”, y puntualizó que las producciones marroquíes “aplican sustancias activas cuyo uso no está permitido en nuestro mercado interior”.

Prioridad frente a terceros

El consejero murciano manifestó que las producciones nacionales tienen que tener prioridad frente a las de otros países, y advirtió que “tendremos una posición ofensiva conjunta para reclamar este principio porque nos jugamos el futuro”.

“El sector debe sentirse representado por este documento que firmamos hoy”, dijo el titular de Agricultura de Murcia, quien confió en que las instituciones europeas “tengan en cuenta las demandas que les planteamos. Llegaremos hasta el final para que este sector que es estratégico y estable tenga el reconocimiento que se merece”, aseveró.

La finalidad del texto suscrito hoy por las cuatro comunidades autónomas es instar a la Unión Europea a defender los intereses del sector, prevaleciendo el principio de preferencia comunitaria en cualquier acuerdo que cierre con países terceros. Asimismo, piden una reforma del régimen de precios de entrada y la mejora en su gestión para garantizar una correcta aplicación del acuerdo en vigor y el pago de los derechos de aduana específicos.

El documento contempla asimismo controles aduaneros en frontera más exhaustivos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos en cada momento, así como intensificar los controles relativos a la seguridad alimentaria y una mayor reciprocidad en cuanto a los aspectos fitosanitarios, medioambientales y sociales.

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