Ocho ediles aguileños prestan hoy declaración por el caso de La Zerrichera

Los ediles citados participaron en la Comisión de Urbanismo que modificó el PGOU

El alcalde de Águilas, Juan Ramírez, será el primero en declarar en el Palacio de Justicia de Murcia dentro de las diligencias informativas abiertas por el ministerio público para investigar la recalificación del paraje de La Zerrichera, según informa el periódico La Verdad en su edición de hoy.

Además, durante esta tarde y hasta el próximo viernes deberán pasar por el despacho del fiscal siete concejales más que estuvieron presentes en la Comisión de Urbanismo que aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana mediante la cual se permitió la urbanización de La Zerrichera.

Así, los ediles que prestarán declaración son, del Partido Popular, Fernando Martínez, Juan Pérez y Clara Valverde. Del Mira, acudirá la edil Noelia Gallardo. También acudirán al Tribunal el socialista Ramón Román, el ex socialista Pedro Gil y el edil de Izquierda Unida Pedro Antonio Carrasco.

Cabe destacar que actualmente el proyecto se encuentra paralizado por la Consejería de Industria y Medio Ambiente tras las denuncias por supuestas irregularidades.

Según Brugarolas en 2.004 el proyecto era “incompatible”

El periódico regional La Verdad acaba de hacer públicas las declaraciones que Carlos Brugarolas, director de general del Medio Natural de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en 2.004, que ha sido el primer ex alto cargo de la citada Consejería en prestar declaración ante Manuel López Bernal, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

En este sentido Brugarolas ha dicho que en 2.004 y según la ley del suelo existente en ese momento el proyecto La Zerrichera era incompatible con la citada normativa porque, según sus propias palabras, trataba de construir en un espacio protegido. No obstante, el diario La verdad también se hace eco de las declaraciones posteriores del ex director general del Medio Natural a los periodistas en las que afirma que “todo se puede cambiar, y para ello hubiera sido necesario un informe a la administración central de Madrid y que esta lo tramitará ante Bruselas”.

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